Jocelyn Murga protesta frente a una corte de Miami, Florida, tras haber sido desalojada del apartamento que ha vivido en los últimos cuatro años. [Foto: Antoni Belchi / VOA]

Muchas organizaciones que velan por los derechos de los migrantes en Estados Unidos denuncian que muchos caseros rompen los contratos de arrendamiento aprovechando los altos precios del mercado inmobiliario, e instan a las autoridades a impulsar programas que regulen el costo de la vivienda.

MIAMI, EEUU — Jocelyn Murga es una salvadoreña que lleva más de 7 años viviendo en el sur de Florida. Abandonó su país natal en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Escogió Miami porque varios conocidos le recomendaron que se instalara en este lugar porque la comunidad hispana es muy grande y ella, que no sabe inglés, podría desenvolverse mucho mejor y tendría más posibilidades a la hora de buscar trabajo.

Así lo hizo y con esfuerzo, sacrificio y mucha dedicación ha logrado forjar su vida laboral en Estados Unidos. Pero ahora, admite, está “desesperada”. Hace unos días su casero la desalojó del apartamento junto a sus dos hijos, uno de ellos de diez meses. Le dijo que tenía que abandonar el hogar en 48 horas porque ya no le podía mantener el precio de la renta ante, según ella, el aumento del costo de la vivienda en el sur de la Florida.

“Estamos en un albergue público y ahí tengo que cuidar a mi niño de 10 meses, y no cuenta ni con leche ni comida”, explica la mujer en declaraciones a la Voz de América.

Su caso no es aislado. Varias organizaciones que velan por los derechos de los migrantes denuncian que en los últimos meses ha habido un aumento de desalojos, especialmente entre las comunidades latinas y afroestadounidenses, alegando que sus caseros quieren “aprovecharse” de la situación de “bonanza” en el mercado de bienes raíces y prefieren rentar sus propiedades a mayor precio del que tenían estipulado por contrato.

“Muchas familias hemos sufrido el abuso de los caseros, que nos han sacado a la calle. No ha importado todo el tiempo que he pasado en la vivienda, todo lo que he pagado y todos los recibos que tenga”, comentaba Érika Varela, otra residente hispana de Miami que recientemente también fue desaloja de su hogar sin otra justificación de que “se debía terminar el contrato inmediatamente”.

Estas minorías, alegan desde la organización Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC, en inglés), son los más afectadas por la crisis de la vivienda en Estados Unidos porque “normalmente están peor pagados y trabajan en economías más inestables” y, ante esta situación, explican, “se sienten indefensos, desprotegidos y vulnerables”.

En muchas ocasiones los afectados son personas indocumentadas, sin recursos económicos, que desconocen la lengua inglesa y viven atemorizadas de denunciar estas prácticas por miedo a ser deportadas. Muchas organizaciones sin ánimo de lucro, que prestan ayuda legal para denunciar estas prácticas, admiten estar desbordados ante el incremento de denuncias.

Miami, con más del 65% de la población hispana, ha registrado un aumento del 58% del precio de la renta en los últimos dos años, el mayor incremento de las rentas de todo el país. También ocurre en grandes urbes estadounidenses como Nueva York o Los Ángeles, provocando que las minorías, aún teniendo un trabajo estable, no se pueden permitir una vivienda digna.

“Estamos ante una crisis de la calidad de la vivienda. Muchas personas están viviendo en condiciones horribles y, además de todo esto, muchos están forzados a irse de sus casas porque no pueden pagar la renta, que sigue aumentando”, explica Daniela Veras, una activista voluntaria que trabaja en FLIC ofreciendo consultoría legal en temas de vivienda.

Veras recuerda que el incumplimiento de contrato es “totalmente denunciable” y que una vez que se lleva el caso a la corte, el juez “no mira si la persona denunciante tiene papeles o no, sino que se fija únicamente en el tema en cuestión”. A pesar de eso, explica que muchos siguen con miedo por las consecuencias que eso pudiera acarrear y, en muchas ocasiones, prefieren desistir.

En la Florida, por ejemplo, no hay ninguna ley que proteja a los inquilinos, y los gobiernos locales son incapaces de regular el precio de la vivienda porque la legislación no lo permite. Ante eso, en Miami se han impulsado varios programas para ayudar económicamente a los más desfavorecidos -y así paliar los efectos de la subida de precios de las viviendas-, pero saben que esa no es la solución.

“No podemos controlar la renta, pero podemos subsidiar y tenemos fondos para ayudar a pagar las rentas”, decía Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade en declaraciones a la Voz de América.

Sin embargo, todo apunta a que la situación puede agravarse con el tiempo, teniendo en cuenta los indicadores económicos, que no pronostican un descenso de la inflación a corto plazo.

Por eso, varias organizaciones aseguran que quieren llevar su lucha a Washington con el objetivo de reclamar una regulación de los precios de la vivienda a nivel federal. Dicen que no pararán hasta el final porque “la crisis siempre acaba afectando más a los que menos tienen”.