Referencial / Foto: ICE

Tras el aval del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., para retomar las políticas de deportación acelerada, el clima de incertidumbre entre la comunidad inmigrante ha escalado significativamente. Aunque la administración de Donald Trump aún no ha fijado una fecha exacta para su reactivación total, especialistas legales advierten que el riesgo es real e inminente.

El peligro de la «discrecionalidad» de ICE

El abogado Harold Solís, codirector legal de Make the Road New York, explica que el núcleo del conflicto radica en la falta de supervisión judicial. Según la ley, las deportaciones aceleradas deberían aplicarse únicamente a personas con menos de dos años de residencia en el país; sin embargo, en la práctica, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están asumiendo roles que antes correspondían a un juez.

«Es el mismo oficial quien detiene a la persona, revisa su evidencia y toma la decisión final», señala Solís. Esto genera un vacío procesal donde el inmigrante, sin acceso a un abogado o a una audiencia ante un tribunal, tiene pocas oportunidades de defender su tiempo de residencia en Estados Unidos, incluso si supera el umbral de los dos años.

Quiénes están en mayor riesgo

Según un informe del Migration Policy Institute (MPI), aproximadamente 622,000 inmigrantes se encuentran en riesgo inmediato. Se trata principalmente de personas que ingresaron al país entre mayo de 2024 y mayo de 2026, muchos de ellos a través de la aplicación CBP One o programas de libertad condicional humanitaria, quienes al ser «fácilmente ubicables» por las autoridades, se convierten en los primeros objetivos.

Recomendaciones ante una posible detención

Ante la celeridad de estos procesos, los expertos sugieren una estrategia de preparación proactiva:

Plan de acción familiar: No espere a una emergencia. Designe un lugar seguro en casa con documentos originales que demuestren su tiempo de residencia (más de dos años).
Documentación clave: Credenciales emitidas por autoridades estatales, licencias de conducir o identificaciones municipales son piezas fundamentales. Entregue una copia de estos documentos a un familiar de confianza para que pueda hacerla llegar a un abogado en caso de arresto.
«Chequeo» legal preventivo: Así como se acude al médico para revisiones rutinarias, Solís recomienda consultar a un abogado de inmigración para evaluar el estatus particular y conocer opciones de defensa antes de que ocurra una detención.
Conozca sus derechos: La desinformación es una herramienta de las políticas aceleradas; contar con asesoría legal profesional es la mejor defensa frente a un proceso que, por diseño, busca evitar el escrutinio de una corte.

La implementación de estas medidas no garantiza inmunidad, pero proporciona elementos críticos de defensa en un proceso donde, actualmente, la rapidez parece ser el mayor enemigo del debido proceso.