Migrantes navegan en una embarcación improvisada a cerca de 10 millas naúticas de la costa de Miami, el 8 de enero de 2023. De acuedo con reportes de la Guardia Costera de EEUU, los balseros fueron repatriados el 16 de enero de 2023.

Las autoridades de Florida han declarado el estado de emergencia ante la llegada inédita de migrantes por mar a los cayos del sur del estado, la gran mayoría de ellos cubanos.

MIAMI, EEUU — Unos 991 migrantes de Cuba y Haití fueron repatriados a sus países en los últimos diez días, informó la Guardia Costera de EEUU, que además frustró el desembarco ilegal de otros 237 balseros.

De los migrantes devueltos entre el 6 y el 16 de enero, 907 fueron cubanos y 83 haitianos. La última operación de repatriación fue completada este lunes, cuando los guardacostas regresaron 84 balseros a Cuba, indica un comunicado.

De acuerdo con datos de la Guardia Costera de EEUU, desde el 1 de octubre pasado hasta el momento han interceptado a 4.962 cubanos, cifras que reflejan un aumento con respecto a los 6.182 registrados en todo el año fiscal 2022, que terminó en septiembre.

«La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron nuevas vías legales para ingresar a los Estados Unidos», dijo el comandante Jorge Valente del Distrito Siete de la Guardia Costera. «Instamos a todas las personas a utilizar los medios seguros y legales disponibles para viajar a EEUU y que no se lancen a la mar».

La inusual llegada de cientos de migrantes en la primera semana de 2023 provocó el cierre de un parque natural en el sur de la Florida. Autoridades de los cayos de Florida se declararon desbordadas y sin recursos para atender a tantas personas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, activó a la Guardia Nacional estatal para asistir en el manejo del enorme flujo de migrantes, en un movimiento criticado por la Casa Blanca que lo calificó como una «maniobra política».

Los arribos de migrantes cubanos se dispararon en 2022 debido a la agudización de la crisis política y económica en la isla.

En el año fiscal que terminó, según datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), un récord de 224.607 cubanos intentaron entrar a territorio de EEUU, un número que supera los registrados durante el éxodo del Mariel, en 1980, y la crisis de los balseros, en 1994, combinados.

Fronteras cerradas

El pasado 5 de enero el presidente Joe Biden anunció la extensión a nicaragüenses, cubanos y haitianos el «parole humanitario» que ya aplicaban a venezolanos, y que combina la concesión de una cuota de permisos temporales de entrada y trabajo a EEUU con la restricción de entradas irregulares.

«No vengan a la frontera, quédese donde está», pidió Biden a los migrantes de estos cuatro países, sobre todo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que contabilizan el mayor número de detenciones en los límites con México.

Activistas, migrantes y funcionarios de organizaciones internacionales han criticado la nueva medida, argumentando que viola los principios de asilo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo a la Voz de América que aunque aplaude la intención de EEUU de alentar la migración segura y legal, teme que esta nueva política fronteriza socave los cimientos básicos de los derechos humanos y la ley de refugiados.

De acuerdo a datos recogidos en la frontera sur de EEUU por funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), se estima que entre el 6 y 7 de enero fueron expulsados a México aproximadamente 531 cubanos y 141 nicaragüenses, informó desde Ginebra la portavoz de la ACNUR, Shabia Mantoo.

“Sabemos que la situación humanitaria en la frontera es grave», reconoció Mantoo, quien agregó que asisten a migrantes que llegan «angustiados y desorientados» a los refugios «abarrotados» en territorio mexicano, donde ya trabajan para «ampliar la capacidad de recepción con infraestructura y poder brindar alivio”.

La Corte Suprema de EEUU mantiene en vigor el Título 42, una medida de salud aplicada por la administración del expresidente Donald Trump bajo la que se permiten las expulsiones a México de los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera.

«ACNUR y sus socios están brindando protección, asesoramiento y orientación a las personas que han sido expulsadas bajo el Título 42 a México sobre sus opciones para acceder a la protección. Sin embargo, las necesidades actuales superan la capacidad existente», insistió la portavoz.

[Con colaboración de Celia Mendoza, reportera de la VOA, desde Nueva York]