Migrantes venezolanos hacen fila para obtener asesoramiento legal gratuito para acceder a la aplicación CBP ONE de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un centro de Ciudad Juárez, México, 27 de enero de 2023. (REUTERS)

Un total de 11.637 migrantes ingresaron a Estados Unidos en enero bajo el nuevo programa de parole humanitario. EEUU dijo que aceptarían unos 30.000.

WASHINGTON — Un total de 11.637 migrantes haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron a Estados Unidos en enero bajo el nuevo programa de parole humanitario, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por sus siglas en inglés).

El programa, lanzado inicialmente en octubre para venezolanos, se amplió a principios de enero como parte de una nueva estrategia para disuadir los cruces fronterizos ilegales y ahora permite a inmigrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar en EEUU durante dos años.

Según CBP, el número de encuentros con migrantes de estas nacionalidades en la frontera suroeste de EEUU ha disminuído en un 95% desde que se amplió el programa. El 5 de enero, el promedio de encuentros cada siete días era de 1,231; el 31 de enero los encuentros promediaban 59, según las autoridades.

El número límite de inmigrantes que podrían ingresar al país bajo este programa de parole es de 30.000 por mes, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Quejas por la espera

Liset Ricardo, una cubana residente de Florida, sometió el 12 de enero un I-134A para su hija y a su nieto a través del programa de parole humanitario. Más de un mes después, dice que no ha recibido respuesta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés). Algunos aplicantes del programa recibieron aprobaciones de sus casos en apenas unas horas cuando se amplió el programa en enero.

“He contactado varias veces a USCIS y no hay respuesta. Solo me dicen que puede durar de 90 a 120 días el dar una respuesta”, dijo a VOA.

Ricardo aseguró que apenas puede dormir esperando una respuesta para traer a sus familiares a EEUU. “Es mi hija de 27 años y mi nieto de 5 años. Es una angustia, llevo siete largos años para poder reunirnos y con el parole lo vi con toda la fe y la esperanza de poder estar juntos más rápido”, agregó.

A un caso similar se enfrenta Javier Fernández, quien sosmetió una solicitud el 13 de enero para dos familiares que se encuentran en Cuba. La única notificación que ha tenido es que su caso fue recibido, dijo.

“Este programa debería seguir un orden de acuerdo a las aplicaciones que se han enviado. La situación de mi familia, como la mayoría de las familias de Cuba, es extremadamente crítica, sin alimentos, apenas sin medicamentos, son reprimidos si protestan o exigen sus derechos. En fin, es inhumana la situación dentro la isla”, dijo.

Fernández reclamó que en enero “solo se aceptaran unas 11.000” solicitudes, pues “deberían haber entrado 30.000, como lo habían prometido”.

Estados republicanos buscan poner fin al parole humanitario

El pasado 24 de enero, una veintena de estados presentaron una demanda contra la administración del presidente Joe Biden pidiendo a un juez federal en Texas que detenga el programa de parole humanitario. El gobierno tendría hasta el 7 de marzo para emitir una declaración en la que explique por qué el programa debe seguir en pie.

Wilfredo Allen, abogado de inmigración radicado en Miami, dijo a la VOA que era “imposible predecir” si un juez decidirá suspender el programa luego del 7 de marzo.

“La demanda tiene puntos legales que son argumentables. En parte, que el presidente está usando esto como un poder ejecutivo para crear un sistema nuevo de visa. Dos, que los países que él ha escogido no necesariamente tienen el tipo de crisis que llevaría a que participaran en un programa de parole humanitario. Tres, que el proceso que está usando no mide los requisitos de seguridad que requiere un programa humanitario. Y cuatro, que creo es el más fuerte, que el programa viola las reglas del Administrative Act, que requiere ciertos anuncios de información antes de que un programa como este comience”, indicó Allen.

La Florida encabezó la demanda contra el DHS argumentando que es una violación de la ley federal de inmigración y una extralimitación del Poder Ejecutivo. «Los estados demandantes (…) enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional (parole), lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados», dice la demanda.

En su acción más reciente, realizada el 14 de febrero, los estados presentaron una moción para que el juez Drew B. Tipton suspendiera temporalmente el programa mientras continuan las deliberaciones legales. El Tribunal Federal de Texas aún no ha respondido a dicha moción.

“Suspender el Programa de Parole Humanitario no sería prudente, ha sido favorable en el impacto social, es un reflejo de la voluntad de ordenar la migración, en beneficio de nuestro país y de los migrantes», dijo a VOA Damarys Rangel, abogada de inmigración y derechos humanos.

«Quizás tiene sus fallas, pero la causa del desorden se origina en los países de origen de los migrantes, en la falta de acceso a derechos, al resguardo a la vida, integridad física, alimentación educación, salud, empleos que garanticen desarrollo”, agregó.