ARCHIVO: Migrantes que buscan asilo, en su mayoría de Venezuela, salen del río Bravo después de cruzarlo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. México, 6 de octubre de 2022 REUTERS/José Luis González.

Mientras se acerca el fin del Título 42 la administración Biden adelantó que a partir del 11 de mayo se implementarán mayores penalizaciones a quienes lleguen al país de manera irregular, lo que aseguran “hará más difícil” el cruce de la frontera.

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos se prepara para hacer una transición al procesamiento de inmigración a través del Título 8 a partir del 11 de mayo, que “aumentará las penalidades para las personas que crucen”, dijo a la Voz de América en relación a la situación en la frontera Katie Tobin, asistente especial del presidente en temas de inmigración.

En esa fecha, se anticipa que dejará de aplicarse el Título 42, la medida de salud pública que establece la expulsión rápida hacia México de migrantes que crucen de manera ilegal la frontera de Estados Unidos.

Tobin aseguró que quienes sean interceptados en un cruce irregular “estarán sujetos a una prohibición de cinco años” para poder reingresar a EEUU. “Entonces realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales [de migración]. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste”.

Tobin, quien también es directora senior de asuntos transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca adelantó que, a partir de mayo, la intención de la administración es ampliar la capacidad de citas que se otorgan a través de la aplicación CBP One, que permite a los migrantes agendar una entrevista con un oficial estadounidense.

Con el Título 42 en vigencia, agregó, han estado “limitados en la cantidad de personas a las que podemos dar cita. Una vez que se levante, podremos procesar a muchas más personas por día en los puertos de entrada a través de CBP One”.

Tobin admitió que el procesar a estos migrantes conlleva “desafíos de capacidad” en los puertos de entrada legal, debido al alto tráfico de personas.

En febrero de 2023, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por su siglas en inglés), procesó a más de 20.000 personas que agendaron su entrevista en la aplicación móvil CBP One. En el mismo mes, los agentes de la Patrulla Fronteriza tuvieron 154.998 encuentros con personas que intentaban cruzar la frontera sur de manera irregular.

“También estamos trabajando para abrir vías legales desde la región para que las personas ni siquiera tengan que venir a nuestra frontera”, dijo Tobin, en referencia a programas como el parole humanitario que permite a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses aplicar a un permiso de viaje desde sus países para viajar a EEUU por vía aérea.

“Simplemente pensamos que es mucho mejor que venir al norte de México para hacer una cita en un puerto de entrada”, agregó.

EEUU busca que otros países apoyen en el flujo de migrantes

La asistente especial de Biden admitió que hay “muchas personas” en la región huyendo de sus países, “por lo que es necesario ampliar el acceso al reasentamiento de refugiados”. Sin embargo, apuntó que esa ampliación debe implementarse no solo en EEUU.

“Nos gustaría ver que otros países hicieran lo mismo [al ampliar vías legales de migración]”, dijo Tobin.

La funcionaria resaltó la campaña anunciada el martes tras una reunión trilateral que sostuvo EEUU con Panamá y Colombia, en la que se pusieron como meta reducir el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en un plazo de dos meses.

«Lo que haremos es un esfuerzo contra el contrabando, aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de estos actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes; [nosotros] aumentaremos la presencia estatal en la jungla [Darien]”, dijo.

Pese a que los esfuerzos serán implementados por Colombia y Panamá, EEUU apoyará a ambos países con planificación, logística, capacitación e intercambio de información.

Tobin descartó que la administración esté buscando implementar acuerdos de “tercer país seguro” para solicitantes de asilo. Este establece que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”.

“No necesitamos tener acuerdos bilaterales formales, podemos construir este enfoque a través de la Declaración de Los Ángeles”, concluyó Tobin.