Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema autorización para deportar a venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua

ARCHIVO: Migrantes venezolanos llegan en un vuelo de deportación desde Estados Unidos al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el 10 de febrero de 2025.

La administración Trump ha presentado una solicitud urgente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para obtener autorización para deportar a un grupo de casi 200 inmigrantes venezolanos detenidos en Texas, a quienes acusa de ser integrantes de la pandilla Tren de Aragua.

Este movimiento judicial representa un nuevo capítulo en la controversial aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones en el país.

Detalles de la solicitud judicial

El procurador general John Sauer presentó el lunes por la noche una solicitud formal ante el máximo tribunal estadounidense para que levante la orden judicial del mes pasado que suspendió temporalmente la deportación de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. En su argumentación, Sauer enfatiza la presunta peligrosidad de los 176 migrantes venezolanos detenidos, quienes según el gobierno estadounidense están vinculados con el Tren de Aragua, organización que Estados Unidos ha designado oficialmente como grupo terrorista extranjero.

«El gobierno tiene un gran interés en expulsar del país con prontitud a los pandilleros que representan un peligro para los agentes del ICE, el personal de las instalaciones y otros detenidos durante su detención», escribió Sauer en el documento judicial presentado. La solicitud busca actuar «sin demora» en la deportación de estos individuos, argumentando riesgos inmediatos para la seguridad.

Incidente en el centro de detención

Para respaldar sus argumentos sobre la peligrosidad de los detenidos, el expediente judicial incluye el testimonio de un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional que describe un incidente reciente ocurrido en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Según este informe, 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron en una unidad de vivienda durante varias horas, llegando a amenazar con tomar rehenes y agredir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este mismo centro de detención había captado la atención mediática recientemente cuando un dron capturó imágenes aéreas de detenidos formando un mensaje de «SOS». Tras el incidente de atrincheramiento, los involucrados fueron trasladados a otro centro de detención en Texas, una medida que según Sauer genera nuevos riesgos. «El traslado de estos prisioneros a otros centros crea riesgos constantes de reclutamiento en prisiones y la expansión de las actividades de la pandilla Tren de Aragua dentro de Estados Unidos», argumentó el procurador general.

Contexto legal y controversias

Esta solicitud se produce en un complejo contexto legal. Menos de un mes atrás, la Corte Suprema emitió una inusual orden judicial que prohibía temporalmente al gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones. Esta decisión se dio apenas dos semanas después de que el mismo tribunal hubiera autorizado temporalmente el uso de dicha ley, aunque con la condición de que los afectados recibieran la notificación adecuada para poder impugnar sus deportaciones bajo esta legislación del siglo XVIII.

La administración ha enfrentado críticas respecto a la evidencia presentada para demostrar la pertenencia de estos inmigrantes a la pandilla Tren de Aragua. Según se ha informado, el gobierno ha utilizado elementos como tatuajes o ropa supuestamente relacionada con pandillas como pruebas de criminalidad, evidencia que algunos consideran insuficiente para justificar deportaciones expeditas bajo una ley de emergencia.

Varios jueces federales también han intervenido para bloquear las deportaciones amparadas en esta legislación, lo que ha generado un panorama legal fragmentado que ahora la administración Trump busca clarificar mediante esta solicitud a la Corte Suprema. La resolución de este caso podría sentar un importante precedente sobre los límites de los poderes ejecutivos en materia de deportación y la aplicación contemporánea de leyes históricas en el contexto migratorio actual.