Administración Trump y grupo de DDHH irán a tribunales por migrantes en Guantánamo

ARCHIVO / REFERENCIAL – Militares estadounidenses transportan a migrantes hacia el centro de detención en la base naval en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en imágenes publicadas por el Departamento de seguridad Nacional, el 5 de febrero de 2025.

La magistrada Stephanie Gallagher determinó que la expulsión de «Cristian», un joven de 20 años, violó acuerdos de protección a menores migrantes no acompañados.

Baltimore, MD — En un fallo que representa un revés para la política migratoria de la administración Trump, la jueza federal Stephanie Gallagher ordenó al gobierno estadounidense facilitar el retorno inmediato de un joven venezolano de 20 años que fue deportado ilegalmente a El Salvador en marzo pasado.

Claves del caso:

«Cristian» (nombre protegido) fue deportado junto a presuntos pandilleros en vuelos hacia la megacárcel CECOT de El Salvador.
La jueza determinó que su expulsión violó el «Flores Settlement», acuerdo de 2024 que protege a menores migrantes no acompañados.
El gobierno de Trump intentó justificar la deportación aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumento rechazado por el tribunal.

Detalles del fallo:

✔ Ordena al gobierno organizar el regreso del joven a EE.UU.
✔ Otorga 48 horas para apelar ante el 4° Circuito de Apelaciones.
✔ Establece que «Cristian» debe recibir el debido proceso en su solicitud de asilo.

Antecedentes preocupantes:

El caso guarda similitudes con el de Kilmar Abrego García, otro migrante deportado ilegalmente. La jueza Gallagher citó este precedente, señalando que:

«El gobierno no puede negar derechos adquiridos bajo acuerdos judiciales vinculantes».

Próximos pasos:

Si el Departamento de Justicia no apela, el gobierno deberá presentar un cronograma de repatriación.
Organizaciones pro migrantes celebran el fallo como una victoria contra deportaciones arbitrarias.

Esta decisión podría sentar precedente para cientos de casos similares de menores no acompañados afectados por la política de «tolerancia cero» de Trump.

«Cristian» fue enviado a El Salvador pese a haber solicitado asilo legalmente, un derecho protegido por acuerdos internacionales que EE.UU. ha firmado.